La tienda del BOE

Cuando esta publicación vea la luz, habrá pasado poco tiempo desde que se conmemoren los treinta años de la firma del Acuerdo de Cooperación entre el Estado español y la Comisión Islámica de España que se plasmó en la Ley 26/1992, de 10 de noviembre (BOE núm. 272, de 12 de noviembre). Tiempo suficiente para hacer un balance de la repercusión que tal firma tuvo en nuestra sociedad y en nuestro Derecho. Dicho análisis lo haremos desde un doble perspectiva: tanto desde el punto de vista del modelo de relación entre el Estado y las confesiones religiosas vigente en España (un modelo de laicidad positiva bastante consolidado en una sociedad más secularizada plural y diversa que cuando se redactó la Constitución y se alcazó el Acuerdo) cuanto del significado que debe, a nuestro juicio, tener la cooperación constitucional en nuestro modelo y que no es otro que el de promover condiciones y remover obstáculos para que el ejercicio de la libertad religiosa de los individuos y los grupos en que se integra sea real y efectiva, según establece el artiíco 9.2 de nuestra Constitución.