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La declaración de invalidez de actos administrativos (fundamentalmente,licencias de toda clase), de contratos públicos (en particular, aquellos vinculados con la gestión de servicios públicos) y de reglamentos (en especial, de toda clase de planes territoriales y urbanísticos) comporta unas consecuencias para la actuación de las Administraciones públicas que, de ordinario, determinan una gran distancia entre sus efectos jurídico-formales, bien establecidos y acotados, y la realidad de la búsqueda de vías para demorar, minorar o incluso evitar aquellos efectos, en muchas ocasiones porque su impacto trasciende con creces el alcance legal de la invalidez. Ese es el caso de la nulidad de licencias de edificaciones o actividades en funcionamiento, cuya efectividad viene acompañada de la obligación de indemnizar a sus titulares; de la adjudicación de contratos, que, sin embargo, deben ser prorrogados en aras de la continuidad de los servicios públicos a que sirven (más reciente la invalidez por los tribunales contractuales de actos de adjudicación, imponiendo nueva licitación); y, también, de la anulación de reglamentos, de modo especial de la invalidez de planes que determinan la reviviscencia de instrumentos de ordenación que habían sido derogados, pero que resurgen desconectados de la realidad sobre la que han de ser aplicados. A ello se suman los conflictos que derivan de las declaraciones de invalidez formuladas por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.