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Los cuarenta años de autonomía de Canarias han venido a suceder en el tiempo, y sin apenas solución de continuidad, a la renovación de la norma institucional básica de la Comunidad Autónoma (Ley Orgánica 1/2018, de 5 de noviembre, de reforma del Estatuto de Autonomía de Canarias).

Herramienta indispensable para el ejercicio del autogobierno, la aprobación del Estatuto de Autonomía de Canarias en 1982 (Ley Orgánica 10/1982, de 10 de agosto) constituyó la vía para el acceso a la autonomía a través de la constitución misma de la Comunidad Autonomía. Su reciente reforma en 2018 debe servir, cuarenta años después, de impulso y acicate para profundizar sobre la autonomía, por medio del ejercicio responsable de las nuevas atribuciones que ahora se le confían a la Comunidad Autónoma.

La renovación del marco normativo estatuario ha sido completa y ha alcanzado incluso a sus cimientos. Se ha incrementado el espacio competencial propio de la Comunidad Autónoma, pero también se ha querido aprovechar la ocasión, por ejemplo, para otorgar mayor protección al régimen económico fiscal especial de Canarias, o para garantizar la suficiencia de los recursos procedentes del Estado que precisa el archipiélago para subvenir a sus necesidades.

No exenta de ambición la reforma en los términos expuestos, también en el plano interno se han revisado las relaciones institucionales entre los dos poderes autonómicos en el archipiélago, el legislativo y el ejecutivo, a través de la atribución a ambos de nuevas funciones y responsabilidades.

En este contexto, resulta indispensable el conocimiento de lo que han representado estas cuatro décadas de autonomía .El riguroso estudio llevado a término año a año por los profesores Trujillo Fernández y Suay Rincón, proporciona sin la menor duda las claves precisas para el entendimiento del ¿hecho autonómico¿ insular y del desarrollo del fenómeno de la autonomía de Canarias.

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