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El creciente papel que la víctima ha ido adquiriendo en diferentes ámbitos del Derecho penal es algo que suscita interés, y también preocupación, desde hace tiempo. Tras el olvido o neutralización de que fue objeto desde que el Estado pasó ejercer el monopolio del ius puniendi a partir del siglo XVIII, en la segunda mitad del siglo XX tuvo lugar lo que se denominó como redescubrimiento o resurgimiento de la víctima, que reivindicaba una mayor presencia de esta en la administración de justicia. Más allá del papel que pueden desempeñar en los delitos perseguibles a instancia de parte, en los supuestos en los que el perdón del ofendido puede operar como causa de extinción de la responsabilidad penal o, en general, a través del ejercicio procesal de la acusación particular, las pretensiones de las víctimas han ido persiguiendo objetivos cada vez más ambiciosos. Así, se plantea la posibilidad de que la víctima no sólo sea parte en el proceso penal sino, más allá, en el de la ejecución de la pena, pudiendo influir en cuestiones tan relevantes como la concesión del tercer grado o la libertad condicional del condenado. Asimismo, su presencia se ha incrementado en un terreno como es el político-criminal, donde las asociaciones de víctimas aspiran a ejercer de inspiración o guía a la hora de confeccionar o reformar las leyes penales. También se ha invocado un supuesto derecho de la víctima al castigo del autor del delito, tratando de incorporar los intereses de esta dentro de los fines de la pena, objetivo también pretendido a través de la reparación del daño en su papel de atenuante de la responsabilidad penal. Y, adicionalmente, se encuentra todavía abierto el papel que la voluntad y el comportamiento de la víctima puede llegar a jugar dentro de la estructura de la teoría jurídica del delito, normalmente en sede de injusto. El papel de la víctima, entonces, parecería tener una creciente importancia tanto a la hora de verificar la existencia de un delito, como en el momento

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